Recurso de apelación contencioso

El caso comenzó cuando un particular pidió una licencia para construir una nave industrial y el ayuntamiento, además de concederla, le cobró una tasa urbanística. El interesado no estaba de acuerdo con la liquidación y, tras agotar la vía administrativa, acudió a los tribunales alegando que la ordenanza fiscal que regulaba la tasa era nula porque no tenía el informe económico-financiero obligatorio que justifica el importe de la tasa.

El juzgado le dio la razón y anuló tanto la liquidación como la parte de la ordenanza impugnada. El ayuntamiento recurrió la sentencia y, en la apelación, intentó aportar nuevos informes y documentos para demostrar que la ordenanza sí era legal. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no aceptó esas pruebas porque la ley solo permite presentar pruebas nuevas en apelación si no se pudieron aportar antes por causas ajenas a quien las presenta.

El ayuntamiento llevó el caso al Tribunal Supremo (TS), argumentando que esa interpretación era demasiado estricta y limitaba su derecho de defensa, ya que en otros procedimientos sí se permite aportar documentos sobre la legalidad de las normas. El TS reconoce que, en casos donde se discute la validez de una norma general, puede ser necesario admitir documentos relevantes en apelación para garantizar una buena administración de justicia. Sin embargo, en este caso concreto, considera que el ayuntamiento no sufrió indefensión porque ya se había valorado la prueba esencial en primera instancia y los nuevos documentos no habrían cambiado el resultado. Por tanto, confirma la nulidad de la ordenanza y desestima el recurso del ayuntamiento.

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